viernes, 1 de mayo de 2020

Una pequeña historia de la banca (II)

En este artículo continuamos mostrando la evolución cualitativa de la banca como negocio.

Quedamos en que cada banco de emisión capta clientes por su oferta de servicios y por el valor de los billetes que emiten. Es decir, los bancos compiten por la preferencia del cliente, para que este traiga sus monedas y deposite, o para que solicite préstamos. Esto hace que ofrezcan mejores servicios y preserven el poder de compra de sus billetes emitidos (auto-regulación). Como se ve, los bancos con su capacidad de emisión, afectan la oferta de dinero (fiat), pueden estimular la actividad económica y pueden crear inflación.

Ahora los billetes de cada banco circulan y son aceptados por el comercio en general, y si alguien quisiera redimirlos en dinero, sólo debe dirigirse al respectivo banco y canjearlos. Pero eso ocurre muy poco, porque el sistema confía en que el respaldo existe, y porque es más práctico emplear los billetes en las transacciones.

Se presenta una complicación: no todas las personas tienen cuentas abiertas en todos y cada uno de los bancos, por lo que si un comerciante acepta unos billetes, y éste no tuviera cuenta en el banco emisor de dichos billetes, tendría que ir a ese banco, redimir los billetes, y luego depositar las monedas equivalentes en el banco en el que posea cuenta. Esto podría hacer que en tal comercio se prefiriesen los billetes de unos determinados bancos, por encima de los de otros emisores, afectando al intercambio comercial.

Esta situación, y buscar una solución eficiente y rentable, llevó a cada banco a aceptar los billetes emitidos por otros bancos. Primero a descuento, por el riesgo que podían representar (por ejemplo, que no existiese el respaldo en moneda), o porque proviniesen de bancos en otros pueblos y ciudades, y la distancia, el transporte y el traslado para poder redimirlos, aunado al mayor desconocimiento de la gestión de tal banco emisor, reducía la valoración que de tales billetes se hacía. Pero luego el arbitraje se encargó de cerrar esas brechas de precio, tendiendo con el tiempo a ser todos los billetes (obviamente, los de los bancos que el mercado consideraba sólidos) valorados a la par.

Entonces, ya se aceptan los billetes de todos los bancos en todos los comercios, porque es fácil depositarlos en cada institución financiera.

Ahora cada banco al recibir de sus clientes billetes de otro emisor, debía asumir la tarea de canjearlos por la moneda de respaldo y llevarla a sus arcas. Entonces se podía ver a representantes de cada institución financiera portando los billetes por toda la ciudad, dirigiéndose a cada banco emisor a redimirlos. Esto llevó a la necesidad de instaurar un lugar y momento en el que los representantes de cada banco se reunirían para intercambiar los billetes y redimir los que fuesen necesarios. Y así, en esa reunión periódica, se encontraban los bancos, y billetes iban y venía la moneda de respaldo, dando nacimiento al ancestro de las cámaras de compensación.

Estas instituciones rápidamente se convirtieron en el sitio en el que se pactaban préstamos overnight (“de un día para otro”) entre los bancos, para cubrir necesidades o estrecheces puntuales de liquidez. Los bancos mantenían saldos de moneda en estas cámaras de compensación, según la estacionalidad de la liquidez del sistema y de cada banco, para no tener que andar movilizando frecuentemente el dinero. Cada banco tenía una bóveda en la cámara de compensación, con dinero de respaldo allí. Se hacía el intercambio de billetes, y luego el intercambio de moneda: el dinero se movía de la bóveda del banco que tuviera más billetes en contra que a favor, hacia la bóveda del banco que tuviera más billetes a favor que en contra. También estas instituciones comenzaron a prestar servicios de análisis de la situación y desempeño financiero del sistema bancario y de cada banco en particular, por la facilidad que ella tenía para recaudar información relevante. También las cámaras de compensación llegaron a convertirse en “prestamista de última instancia”, para rescatar a algún banco con problemas de liquidez.

Una de las características del sistema descrito hasta ahora, era que los bancos tendían a auto-regular sus emisiones de billetes sin respaldo, pues sabían que debían aceptar la redención de sus billetes y entregar la moneda. Si se excedían en la emisión de billetes, cualquier otro banco podía quebrarlos.

Los bancos en este sistema competían entre sí por clientes, en distintos servicios, en tarifas y calidad de sus servicios, en tasas y condiciones por sus préstamos, en tasas y condiciones por los depósitos recibidos, etc. Cada uno emitía su propio billete o moneda. Podían emitir la cantidad de billetes que quisieran para las mismas reservas (sistema de reserva fraccionaria), pero se auto-regulaban, gestionando su riesgo de liquidez aplicando la “ley de los grandes números”.

Lo descrito es el sistema de banca libre. Así llegó a ser la actividad bancaria en algún momento de su historia y evolución.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos recorriendo esta fascinante historia, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

domingo, 26 de abril de 2020

Una pequeña historia de la banca (I)

Este artículo pretende mostrar la evolución cualitativa de la banca como negocio.

El inicio de esta historia se remonta a mucho tiempo atrás.
Los recursos son escasos; no hay recursos infinitos. Y desde hace mucho tiempo, la humanidad espontáneamente, por ensayo y error, aprendió que la autarquía no resuelve los problemas de escasez. Aprendimos que la división del trabajo y el intercambio es la forma más eficiente para aliviar los problemas de escasez.

Los intercambios son parte de la vida del ser humano, desde que éste está sobre la faz de la Tierra. Realmente se dice que se intercambia desde que el hombre deja de ser nómada y se asienta, hace unos diez mil años, en El Neolítico. Intercambiar unos bienes por otros, es una actividad natural. Así desde sus orígenes, el ser humano ha intercambiado, por ejemplo, vestido por alimento, alimento por armas, trabajo por alimento, e innumerables cosas más. El intercambio puede ser directo o indirecto.

Como es fácil de imaginar, todos los intercambios comenzaron siendo por medio del trueque; es decir, el intercambio directo de un bien por otro, hasta que, en tiempos muy remotos ya, hizo aparición la moneda.

Pero primero los intercambios se concretaban mediante el trueque. Una complicación que tiene el trueque, es que en él debe darse lo que se conoce como la “doble coincidencia de deseos o necesidades”: yo deseo lo que tú ofreces en el intercambio, y tú deseas lo que yo tengo para intercambiar. Sino, habría que “triangular” para que se materialice la operación.

Dada esta complicación, el mundo se inventó la moneda; es decir, algo que pueda cumplir con las condiciones de que pueda ser fraccionable (divisibilidad), fácil de portar o trasladar, no perecedera (durabilidad), homogénea, estable en su precio, de escasez relativa, difícil de falsificar, fácil de acumular, y que sea valorada por muchas personas (uso generalizado). Con una moneda valorada por ambas partes en el intercambio, ya no es necesaria la “doble coincidencia de deseos”.

Por estas razones, y a pesar de ser en sociedades de costumbres y culturas diferentes, la moneda evoluciona espontáneamente (ni coordinada ni planificada por nadie) hacia algunos metales preciosos, como el oro y plata, y hasta en ciertos momentos, y hasta en crisis, dinero han sido la sal, el cacao, el tabaco, las conchas marinas, joyas, vacas, y hasta los cigarrillos. ¡Sí!, ¡hasta las vacas han sido dinero! Han sido monedas: azúcar en El Caribe, ganado en Grecia, cobre en Egipto, sedas en Persia, clavos en Escocia, piedras talladas en África, etc.

La aparición de la moneda, fue natural, espontánea, y así también su desarrollo, hasta la moneda como la conocemos en la actualidad. Hoy en día tenemos hasta criptomonedas. Y nacen las monedas por la necesidad de facilitar los intercambios.

Y así los metales preciosos fueron perfilándose como moneda de preferencia. Entonces la gente portaba estas monedas (basadas en oro o plata, por ejemplo) y con ellas hacía sus compras de bienes y servicios. Pero, como es de imaginarse, esto suponía asumir el riesgo de portar esas monedas: potencialmente ser víctima de robo, desaparición o daño de esas monedas. Además, la incomodidad que pudiera representar llevarlas consigo.

Para satisfacer esas necesidades aparece entonces una empresa: las casas de depósito. Pudiera decirse que éstas son los ancestros remotos de los bancos. Ahora los ciudadanos tenían la opción de guardar sus monedas (metales preciosos) en estas casas. Por el depósito, estas empresas entregaban a sus clientes unos documentos que validaban sus posesiones en tal institución: los certificados de depósito. Por sus servicios, las Casas de Depósito cobraban un monto determinado. Estos certificados puede decirse que son los ancestros de los billetes que hoy conocemos.

La función de estas Casas de Depósito prácticamente era resguardar las monedas de los depositantes. Los certificados de esos depósitos eran portados por sus dueños, pero éstos, para poder comprar bienes y servicios, debían ir a sus respectivas Casas de Depósitos y retirar parte de sus monedas (o metales preciosos). Por lo tanto, en la práctica, para el comercio seguían circulando y empleándose las monedas de oro o plata, por ejemplo.

Los comerciantes recibían estas monedas como contraprestación en sus operaciones de venta de bienes y servicios, y luego las depositaban en sus respectivas Casas de Depósitos, recibiendo a cambio su correspondiente certificado.

Estos certificados inicialmente eran nominativos, es decir, llevaban anotado el nombre de su propietario, razón por la que no podían ser entregados como forma de pago, no podían circular.

Como esto representaba un obstáculo a la eficiencia del sistema, este evolucionó espontáneamente, y dichos certificados de depósito pasaron a ser endosables. Es decir, su propietario podía ahora pagar con ellos y así transferir su propiedad y por tanto la capacidad y el derecho a reclamar, en la respectiva casa de depósito, el contravalor correspondiente en moneda (eran certificados redimibles en moneda). Por lo tanto, el comerciante que aceptaba en pago estos certificados de depósitos endosables, tenía que dirigirse a la Casa de Depósito que los había emitido y reclamar el canje en moneda. Y luego dirigirse a su institución (en caso que no fuera la misma) y depositar sus monedas, recibiendo otro certificado endosable.

Por supuesto, para que el comerciante (y así cualquier persona) aceptara en pago ese certificado de depósito, ahora endosado a su nombre, tenía que tener la confianza en que podía canjearlo por su equivalente en monedas (poder redimirlos), y confiar en que la moneda de respaldo estuviera allí en esa casa de depósito emisora.

Esta situación, aunque un avance, seguía siendo aún ineficiente en cuanto a facilitar el comercio o intercambio. Dado esto, el sistema evolucionó espontáneamente haciendo los certificados de depósitos, ya no nominativos y endosables, sino al portador. Esto permitió que el certificado de depósito circulara con más facilidad, pero seguía siendo necesario dirigirse a la institución emisora para canjearlo por el equivalente en moneda.

Luego, alguna institución se habrá dado cuenta que no todos sus clientes (depositantes), o aquellas personas que portaran un certificado de depósito emitido por ella, canjeaban todas sus reservas monetarias todos los días, por lo que no era necesario tener todos sus certificados de depósitos respaldados en reservas monetarias al ciento por ciento. En la medida en que la institución tuviera más clientes (depositantes), por la ley de los grandes números, podía asumir el riesgo de emitir más certificados por un monto equivalente mayor al que realmente tuviera en reservas monetarias que los respaldaran. Así comienza la reserva fraccionaria (o encaje fraccionario). Por ley de grandes números se puede asumir el riesgo de que no sean exigidas en canje, todas las reservas monetarias equivalentes a la cantidad de certificados emitidos circulando. Si esto ocurriera, y se exige la totalidad, la casa de depósitos no tendría cómo asumir el compromiso y simplemente quebraría. La institución asume ese riesgo de quedar ilíquido o insolvente, y lo gestiona. De esto lo importante de dar la imagen de solidez y solvencia para la institución: un rumor puede quebrar a la institución.

De esta manera comienza la labor intermediaria de estas Casas que hasta ahora eran sólo de depósitos. Ahora ya se parecen más a los bancos como los conocemos hoy en día: aceptan depósitos (ahorros) y hacen préstamos (cuentas corrientes o de cheques); intermedian. Se alcanza en pleno el estatus de dinero fiduciario (fiat money): se emiten notas bancarias por los depósitos recibidos y para los préstamos otorgados. A los certificados de depósito también se les conoce como notas de depósitos o notas bancarias.

A estas notas bancarias se les llama fiat money, o dinero fiduciario, porque el término fiat proviene del latín fides, que significa fe. Y este detalle no es poca cosa. La gente acepta esas notas porque tiene fe, confía, en que la moneda de respaldo existe y puede ser canjeada por la nota a discreción del portador. El sistema está basado en esa fe. Si no se confía en ello, pues simplemente la nota bancaria no es aceptada, y las personas acudirían de inmediato a canjear las notas por la moneda de reserva. Si esto ocurre en proporciones importantes, si se da esta corrida bancaria, la institución no tendrá con alta probabilidad cómo afrontar la exigencia de la moneda, declarándose en bancarrota.

Entonces, ya cada Casa de Depósito no es sólo para depósitos y para cobrar por ese servicio. Ahora capta monedas y hace préstamos, intermedia. Paga un interés por los recursos que capta y cobra un interés por los préstamos que hace. Ahora esta institución la llamaremos “banco”, y emite sus propios billetes (notas) redimibles en moneda. La práctica, y por la ley de los grandes números, llevará a cada banco a emitir sus propios billetes y en mayor valor que lo respaldado en reservas monetarias. Pero el banco sabe que no puede emitir infinitos billetes, pues con tan sólo un rumor sobre su insolvencia la gente vendrá a reclamar y canjear sus notas por moneda, quebrando al banco. Otra razón por la que los bancos se auto-regulan a la hora de emitir billetes o notas, es que al hacerlo sus billetes se devalúan; es decir, se necesitan más billetes suyos para comprar las mismas unidades de bienes o servicios. Esta situación alejaría a los clientes, pues estos prefieren tener notas (billetes) que preserven el valor de sus ahorros, preserven su poder de compra.

Ya cada banco de emisión capta clientes por su oferta de servicios y por el valor de los billetes que emiten. Es decir, los bancos compiten por la preferencia del cliente, para que este traiga sus monedas y deposite, o para que solicite préstamos. Esto hace que ofrezcan mejores servicios y preserven el poder de compra de sus billetes emitidos (auto-regulación). Como se ve, los bancos con su capacidad de emisión, afectan la oferta de dinero (fiat), pueden estimular la actividad económica y pueden crear inflación.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos recorriendo esta fascinante historia, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

lunes, 27 de febrero de 2017

La política es la Libertad


Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera... Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando. 

Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también... termina confiscando la libertad, que es una sola.

En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés. 

Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros

Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.

A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época. 

En estos casos, justificándose en el bien común, el Estado (a través del gobierno central) dio tres pasos muy importantes en ese camino de quitar a la ciudadanía su natural, y sana, responsabilidad de tener el poder económico. ¿Y qué es lo más triste? que la sociedad civil se lo permitió... tal vez embelesados por la bonanza petrolera de aquellos años, no pudimos ver con claridad las consecuencias que muchos años después permitir ese paso traería, aunque para ser justos, hubo quienes sí lo advirtieron. O simplemente como dirían algunos teóricos, no abundaban ya entre nosotros, no estábamos ya muy imbuidos de las ideas de libertad, siendo caldo de cultivo, sustrato apropiado, mercado cautivo, para el avance del estatismo.

En el primer caso, el del Banco Central, con la modificación de su ley en 1974, el Estado (a través del gobierno) se apropia de la totalidad accionaria (recordemos que inició sólo teniendo un 30% de las acciones), y consolida su derecho a elegir a la junta directiva, derecho que ya preservaba desde inicio de los años sesenta. Considero evidente que estos cambios que se dan en el gobierno corporativo del Banco Central, alinean sus intereses a los del gobierno central, y no necesariamente a los del ciudadano, y fueron justificados en aras del bien común. Se lesiona así la autonomía que necesaria y convenientemente (a los ciudadanos) debe tener la autoridad monetaria, el ente emisor; que de por sí ya consiste en un monopolio de emisión, con las consecuencias que en el bienestar de la sociedad esto tiene, y que a su vez representa para el Estado gran tentación de apropiarse esa facultad.

En el segundo caso, el de la industria petrolera, con la estatización de 1976, el Estado termina de dar un paso que desde años antes ya venía gestándose: se apropia de la totalidad de la exploración, producción y comercialización del recurso natural; crea empresas para sustituir a aquellas privadas (nacionales y extranjeras) que manejaban el sector petrolero. Es decir, crea un monopolio estatal.

En el tercer caso, el de la sustitución de importaciones, el país, llevado de la mano del gobierno en alianza con intereses privados que se beneficiarían del nuevo arreglo institucional, emprendió la no-natural tarea de querer hacer todo nacional y domésticamente, es decir, en el país. Idea que por supuesto que tiene mucho "punch" mediático, y nos llega a la fibra de nuestro corazón patrio, pero que no lleva a mejores niveles de bienestar, beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, atenta contra la competencia, la innovación, la creatividad y la calidad, encarece la vida, resta prosperidad, y lesiona la libertad al reducir las opciones que los ciudadanos tienen para elegir. Lo natural es especializarnos en aquellos rubros en los que tenemos ventajas comparativas, producirlos e intercambiarlos con el resto del mundo por aquellas cosas que necesitamos; y además esta labor debe ser descentralizada y privada, para que sea eficiente, decisiones libres y voluntarias de cada quien. Lo natural es ser interdependientes y no autárquicos.

Dados estos tres ejemplos no nos deberían sorprender los resultados: elevado gasto público, monetización del déficit fiscal (cubierto con impresión de dinero), acelerada inflación, pérdida de participación en el mercado petrolero, desvirtuación de la naturaleza de la empresa estatal petrolera, reducción de su capacidad productiva, caída en las reinversiones necesarias, clientelismo político, ineficiencia, pérdida de capacidad de maniobra y de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado, aumento de la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado petrolero, menos diversificación de nuestras industrias, desempleo, escasez, encarecimiento de la vida, pérdida de bienestar, menor variedad y calidad de bienes y servicios, y lesión de nuestra libertad de elegir, etc.

Luego que el Estado emprende la ruta de ser interventor y empresario, es difícil detenerlo. Y si nos creemos la hipótesis planteada más arriba, como sociedad iremos perdiendo las libertades económicas, aceleradamente, hasta perder incluso las libertades civiles y políticas.

Esta ruta podríamos esquematizarla de la siguiente manera:
  • El Estado ve una supuesta "falla de mercado" (generalmente son fallas inducidas por el mismo Estado)
  • En aras del bien público el Estado se ve, con su "mente maestra", llamado moralmente a intervenir y llevar a la sociedad a "mejores" niveles de bienestar.
  • El Estado aplica la receta: controles de precios, restricciones a la competencia (monopolios y concesiones), y se hace empresario.
  • Crece el tamaño del Estado y consecuentemente el gasto público.
  • Pero esto hay que financiarlo: más impuestos, más deuda, más monetización del déficit (más inflación)
  • Pero esto tiene consecuencias: escasez, inflación, desempleo, pobreza, delincuencia. servicios ineficientes. corrupción, conflictividad social, pérdida de libertad, tiranía.
Una vez que el Estado comienza, es difícil detenerlo... él, a fin de cuentas el estamento político, por sí solo tiene pocos incentivos para detenerse en ese avance, porque siempre podrá justificar su intervención: ve una "falla", interviene, contraría el sano principio de subsidiariedad, produce malos resultados... y en lugar de reconocer que el error estuvo en el primer control, decide controlar más; lo que se conoce como "la huida hacia adelante". Pretende resolver errores con más errores, y lógicamente no se resuelve el problema, más bien empeora.

Entonces se empiezan a ver programas del Estado para "resolver" los problemas de la sociedad, cada vez una lista más extensa: ¿escasez de alimentos? se crea un organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿encarecimiento de la vida? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿escasez de divisas? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿No funcionan estas pretendidas "soluciones"? se crea ahora un súper-organismo, una súper-burocracia y unas medidas de súper-intervención y súper-control para ello... es decir, se crea el control del control anterior que no funcionó... Pero el detalle está en que lógicamente no iba a funcionar.

¿Y qué medidas o políticas sí funcionarían? pues aquellas alineadas a la Dignidad Humana y a su inmanente Libertad. Toda política pública debe estar alineada a la Dignidad Humana. La política, el sistema de gobierno (por ejemplo, la democracia), y el sistema económico, están para servir a la persona y su dignidad; no al revés: la persona sirviendo a la economía o a la política.

Y esto significa aplicar el principio de Subsidiariedad: "…como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar, para entregarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación del orden social confiar a una sola sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores…" (S.S. Pío XI, Quadragesimo anno, 1931, Nº 54)

Vale la pena aclarar que hay dos dimensiones de este principio:
  • La negativa: el Estado debe retrotraerse de aquellas actividades que el particular o el grupo intermedio hacen bien o simplemente le corresponde en virtud de su naturaleza, como por ejemplo que sean los padres los que decidan cómo y dónde educar a sus hijos. El Estado no debe absorber a los grupos intermedios. Por el contrario, debe dejarlos actuar.
  • La positiva: el Estado está obligado no sólo legal sino también moralmente a actuar o intervenir en todos aquellos sectores, donde su presencia se hace necesaria, a través, por ejemplo, de las políticas públicas. Acá el Estado debe actuar subsidiariamente, que equivale a prestar "ayuda para la autoayuda" y no caer en el asistencialismo.
Cuando se invierte este principio de Subsidiariedad, y el Estado interviene en todo, y avanza coartando libertades, la sociedad civil va perdiendo poder económico, en un entorno que incentiva la búsqueda y captura de rentas (rent-seeking), pues los ciudadanos y las empresas ven que, dado que el Estado es quien maneja la economía, controla todo, regula, interviene y tiende a ser el único empleador, la ruta a la prosperidad está en alinearse a los intereses del Estado o en la captura de algún privilegio, prebenda, concesión o monopolio otorgado por el Estado. Es decir, la ruta a la prosperidad no está en el trabajo y esfuerzo diario, en servir a otro y hacerlo bien, en competir por la preferencia del ciudadano, en la innovación y asunción de riesgos, sino en ser "socio" del Estado. Un socio que mientras le sea conveniente, te respetará. 

Entonces, a largo plazo, lo que inició siendo una "inocente" intervención del Estado en aras del bien común, termina siendo la conculcación de los derechos fundamentales de la persona.

La intervención del Estado nunca resolverá de fondo los problemas. El problema de fondo se resuelve con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, disciplina fiscal, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión; que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables. Ningún régimen de control ha resuelto, ni resolverá, el problema de fondo; sólo agravará la situación de pobreza y escasez, reducirá el bienestar del ciudadano de a pie.

Como sociedad es importante reflexionar sobre estos temas: exigir libertades tanto económicas como civiles, no procurar depender del Estado, sino exigirle que nos permita asumir responsablemente nuestra libertad: las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestras decisiones. En la medida en que tomemos conciencia de estos temas, y los exijamos, los gobernantes limitarán más sus acciones y las alinearán a los intereses de la sociedad.

Entonces, ¿qué medidas o políticas sí funcionarían?: ¿escasez de alimentos? libertad de empresa y de elección... ¿encarecimiento de la vida? libertad de empresa, de elección, monetaria, libertad del mercado laboral... ¿escasez de divisas? libertad monetaria... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? libertad de empresa y de elección... La medida a aplicar, la política, es la Libertad.

lunes, 26 de diciembre de 2016

El Decálogo del Populismo, por E. Krauze

¿Es justa y social la Justicia Social?

Rafael J. Avila D.


Esta reflexión nace de una conversación con un gran amigo, como hermano, además profesor universitario de Ética de una prestigiosa institución caraqueña (que no es cualquier cosa), ambos interesados en conciliar políticas y teorías económicas con nuestra fe católica, defensora de la Libertad y Dignidad Humana.
La discusión con este entrañable amigo, me animó a escribir esta humilde reflexión.

La ignición del asunto está en una frase de la carta encíclica Centessimus Annus, en la que Su Santidad Juan Pablo II, exhorta a la sociedad a entender la importancia de que el trabajador disfrute de un salario suficiente. Creo que nadie estaría en desacuerdo con lo loable de este propósito.

Ahora, tratemos de reflexionar cómo logramos esto. Recordemos que la intención de mi amigo y yo es en todo momento tener nuestra consciencia tranquila, pues ante todo, somos cristianos católicos; de forma desinteresada, con la mejor de las intenciones, queremos conciliar teoría económica con nuestra consciencia, con nuestra fe católica. La economía, y así la política, están para servir a la persona, y no al revés.

Antes de ello, creo importante definir y comentar en torno a dos conceptos: salario suficiente y salario justo.


Salario suficiente y Salario justo

¿Habrá manera de calcular el salario suficiente de cada quién? Creo que no. ¿Podrá saber alguien cuánto es el salario suficiente de otro? Creo que no, y por una condición natural: somos de mente limitada. Humanamente no es posible tener, poseer, captar, manejar, toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para poder calcular objetivamente el salario suficiente de un tercero. Si esto es cierto, por lo tanto, sólo la misma persona puede conocer mejor esta información y decidir el salario que en un momento es suficiente para ella.

¿Será suficiente un salario que sólo cubra el alimento, vestido y servicios básicos del mes? o, ¿Por qué no mejor uno que alcance para además de ello, adquirir un vehículo por cuotas? Pero, ¿Cuál vehículo? ¿Uno pequeño porque si es grande y lujoso ya sería más que suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Y si la familia está a dieta, ingiere menos alimentos, podemos reducir lo que sería un salario suficiente? ¿Y si compra salmón? ¿O ya sería eso superior al suficiente?... Ya el cálculo se nos complicó, ¿cierto?


Por supuesto un trabajador podría tratar en una negociación de obtener más que su salario suficiente, pero ya allí entramos en un tema ético. De igual forma podría tratar un patrono en una negociación de pactar un salario menor que el suficiente del empleado. Pero de nuevo, hay un problema ético. Sin embargo, creo que hay forma de regular esta situación, o el aparecimiento de esta situación: permitiendo que se auto regule. ¿Y cómo se lograría esa auto regulación? En breve lo abordaremos...


Ahora acerca del salario justo: ¿Habrá manera de objetivamente calcularlo? ¿Justo para quién? Depende de a quién le preguntemos. Si le preguntamos al trabajador, muy probablemente dirá que mientras más elevado, más cuantioso, más justo será. En cambio, si le preguntamos al patrono, con alta probabilidad dirá que mientras más bajo, más justo será. ¿Y entonces? ¿El justo será el punto medio? Creo que no necesariamente será ese. Entonces, ¿Cómo lo definimos? ¿Quién lo define?


Vías para definir el salario

Planteo una primera vía: el gobierno define el salario suficiente y justo.
La primera reflexión es, ¿Podrá el gobierno, es decir, los funcionarios de turno, no olvidar, personas, tener toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para conocer y determinar el salario suficiente y justo de cada uno de los miles y miles de trabajadores? Mi intuitiva respuesta es que no, porque aunque pudiera tener más y mejor información que otros, nunca la tendrá absoluta, pues también son humanos, igual que nosotros, los que no somos gobierno.

Si a pesar de esta natural limitación, de la que no hay que sorprenderse ni lamentarse, el gobierno decide dar el paso y definir un salario determinado como suficiente y justo, simplemente será una imposición. Si decide colocar un monto único y específico, igual para todos los casos, pues simplemente será injusto; suficiente posiblemente para algunos casos, insuficiente para otros. Y además tendrá que revisarlo con frecuencia, pues la inflación, generada por el mismo gobierno, se "comerá" el poder de compra de ese salario afectando el bienestar del trabajador. Y aunque imaginemos que se define un salario como justo para cada profesión, seguirá siendo injusto, pues aun siendo de la misma profesión, cada persona es diferente. Si ahora nos ponemos en la posición de la empresa contratante, también será injusto, pues tal vez algunas podrán pagarlo y tal vez otras no.

Es como tratar de ir en contra de una condición natural, que es todos somos diferentes; iguales en Dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Seguir por este camino es caer en la fatal arrogancia de creer que se posee todo el conocimiento necesario para hacer ese preciso cálculo; cosa simplemente imposible, pues el conocimiento es disperso.

Esta situación se da cada vez que el gobierno establece su política laboral, o leyes laborales: salario mínimo, inamovilidad laboral, entre otras medidas; que aunque tengan las mejores intenciones, terminan imprimiendo rigidez al mercado laboral, lo que se traduce en "des-estímulo" a emplear personas, causando desempleo. Son leyes que protegen tal vez a la persona que ya está disfrutando de un empleo, pero que seguramente perjudican a quien sale a la calle a buscar trabajo. Ganan los que ya están empleados y el gobierno (políticamente), y pierden los que están desempleados y quieren trabajar.


Planteo una segunda vía que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.
Bajo la óptica de quién tiene mejor información y conocimiento (aunque no sea absolutamente completo), para saber el salario que para sí es suficiente, diríamos que sólo el trabajador sabe mejor el monto que en un momento es suficiente para cubrir su costo de vida, y además que le permita ahorrar para sus planes futuros. También podemos decir que, del lado del patrono, sólo la empresa tiene el mejor conocimiento, aunque naturalmente incompleto, para saber cuál es el salario que puede ofrecer a un potencial empleado; el salario que considera justo y conveniente, el que no le afecta.

De esa negociación, si se da el acuerdo, resultará un salario: ¿Será justo? ¿Será suficiente? No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pues también soy humano, y trato de no caer en la arrogancia. Pero creo que sí puedo decir que pareciera que sería más justo y más cercano al suficiente que si lo fija o impone el gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quienes lo pactaron son los dolientes directos y los que manejan de mejor forma el conocimiento necesario para llegar al acuerdo.


Si se generaliza esta situación, considero que con mayor probabilidad se reduciría el desempleo, alcanzando quizás el tan anhelado pleno empleo.


Ahora pensemos un poco en esa negociación patrono-empleado. Qué importante es que a la mesa de negociación ambos se sienten sin estar coaccionados; es decir, que negocien de forma libre y voluntaria. Si ese acuerdo se alcanza de manera libre y voluntaria, sin que una parte obligue (coaccione) a la otra, podríamos decir que ambas partes salen ganando, pues si así no lo sintieran, si no estuvieran satisfechas, pues simplemente no llegarían a un acuerdo. Lo recuerdo: sólo si es libre y voluntaria la negociación.

Esta condición ya hecha por tierra aquella antiquísima idea de que en todo acuerdo necesariamente hay un ganador y un perdedor.


También es cierto que es casi imposible que en esa negociación ambas partes tengan exactamente el mismo poder para negociar. Alguna tendrá más poder que la otra: en ocasiones el patrono, en ocasiones el empleado. Con frecuencia se ve al empleado como el débil en esta negociación; como la parte desvalida. Y esa razón suele justificar que personas de buen corazón y buena voluntad, se pongan de parte del empleado, apoyando cualquier medida o política de gobierno que "equilibre" esa condición de desventaja que tiene el empleado negociando con su patrono. Ni siquiera pensemos en quién protege a la empresa si la situación fuera la contraria; una en la que el empleado tenga mayor poder para negociar. Reflexionemos sobre la situación en la que el empleado es el débil en la negociación.

Podríamos decir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y asumamos que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?
Lo primero que llega a la mente es que si tanto el empleado como el patrono quisieran ser éticos y moralmente correctos, y se reconocieran el uno al otro como personas, con Dignidad, hijos de Dios, no tratarían de perjudicar a la contraparte, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambos. Esta situación es la ideal, es la mejor. Pero dada la crisis de valores que vivimos actualmente, tal vez esperar que esto ocurra así en todas las negociaciones nos defraudaríamos al ver los resultados. Esta es una solución de largo plazo, una lucha que nunca hay que dejar de dar: que en nuestra sociedad reinen los valores, la moral, la ética.


Pero, ¿Cómo podemos hacer en las circunstancias actuales de crisis de valores, para que los acuerdos lleguen a ser lo mejor posibles para ambas partes y en especial para el empleado?
Hay quienes propondrían que, dado que siempre el patrono tendría ventaja y el empleado está desvalido, y si dejamos que esta negociación se dé libremente, el empleado saldría derrotado recibiendo unos beneficios inconvenientes, se justifica, ante esta "falla de mercado", que el gobierno intervenga regulando la relación laboral con sus políticas para este sector. Pero resulta que persiguiendo ese anhelo de protección al empleado, con la mejor de las intenciones, termina ocurriendo lo que ya comentábamos más arriba y por las razones que exponíamos: peores condiciones para el trabajador, desempleo, salarios injustos. Es decir, terminamos sustituyendo una "falla de mercado" por una "falla de gobierno".


Entonces, ¿Qué nos queda? ¿Está el empleado condenado a vivir derrotado?
¿Cómo podemos hacer para que el empleado tenga mayor poder de negociación con su potencial patrono, que de alguna manera incentive, asegure, mejores resultados? Es decir, ¿Cómo podría llegar a obtener beneficios más justos?
La respuesta pareciera estar en que lo primero que nosotros debemos garantizarnos, propiciar, propugnar, como sociedad, es que esa negociación patrono-empleado sea libre y voluntaria, sin coacción, por aquello de que los acuerdos que se alcancen serán aquellos en los que ambas partes sienten que ganan, están satisfechos. Y luego, habría que apoyar esto con algo que le dé más poder al empleado en la negociación.


Conclusión

Si ya sabemos que la vía no es mayor regulación, imposición, por parte del gobierno, nos queda reflexionar sobre esta: que haya cada vez más y más empresas demandando los servicios de este trabajador; así, con un empleado que tenga más opciones de donde escoger, tendrá la oportunidad de seleccionar aquella que mejores beneficios y condiciones laborales ofrezca, según su criterio. De esta forma, generalizándola, y con el paso del tiempo, tendremos más y más trabajadores satisfechos, recibiendo salarios "suficientes" y "justos". Y los empleadores sabrán que si desmejoran o maltratan al empleado, este simplemente se les va a otra de las tantas opciones que tendrá. Así que debe ser una relación armoniosa, de ganar-ganar.

Por lo tanto, como sociedad debemos velar porque nuestros gobiernos, y exigirles, apliquen políticas que incentiven la creación de empresas, y por lo tanto empleos, y la competencia entre estas. Así, los trabajadores resultarán beneficiados, y los que salen a buscar empleo, conseguirán más rápido.

Entonces, visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Es justa y social la Justicia Social? Entendiendo esta como la serie de condiciones que impone el gobierno a la sociedad, y que pretenden dar "protección" al trabajador, creo que lamentablemente la respuesta es que no es justa. Es una imposición en la que a unos les hacen creer que ganan, cuando realmente son perdedores: los trabajadores, sus familias y la sociedad en general en el largo plazo.

Por lo tanto, ¿Cuál parece ser el arreglo que propicie una mayor "justicia social"? ¿Cuál es la mejor protección que podemos tener los trabajadores? ¿Cómo podríamos abonar para dar cumplimiento a esa sana petición que nos hace nuestro queridísimo San Juan Pablo Magno? Creo que la respuesta está en no más fallas de gobiernos, sino en propiciar un entorno en el que haya cada vez más y más acuerdos libres y voluntarios, y más y mejores opciones para que los trabajadores tengamos de donde elegir.


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