lunes, 27 de febrero de 2017

La política es la Libertad


Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera... Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando. 

Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también... termina confiscando la libertad, que es una sola.

En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés. 

Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros

Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.

A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época. 

En estos casos, justificándose en el bien común, el Estado (a través del gobierno central) dio tres pasos muy importantes en ese camino de quitar a la ciudadanía su natural, y sana, responsabilidad de tener el poder económico. ¿Y qué es lo más triste? que la sociedad civil se lo permitió... tal vez embelesados por la bonanza petrolera de aquellos años, no pudimos ver con claridad las consecuencias que muchos años después permitir ese paso traería, aunque para ser justos, hubo quienes sí lo advirtieron. O simplemente como dirían algunos teóricos, no abundaban ya entre nosotros, no estábamos ya muy imbuidos de las ideas de libertad, siendo caldo de cultivo, sustrato apropiado, mercado cautivo, para el avance del estatismo.

En el primer caso, el del Banco Central, con la modificación de su ley en 1974, el Estado (a través del gobierno) se apropia de la totalidad accionaria (recordemos que inició sólo teniendo un 30% de las acciones), y consolida su derecho a elegir a la junta directiva, derecho que ya preservaba desde inicio de los años sesenta. Considero evidente que estos cambios que se dan en el gobierno corporativo del Banco Central, alinean sus intereses a los del gobierno central, y no necesariamente a los del ciudadano, y fueron justificados en aras del bien común. Se lesiona así la autonomía que necesaria y convenientemente (a los ciudadanos) debe tener la autoridad monetaria, el ente emisor; que de por sí ya consiste en un monopolio de emisión, con las consecuencias que en el bienestar de la sociedad esto tiene, y que a su vez representa para el Estado gran tentación de apropiarse esa facultad.

En el segundo caso, el de la industria petrolera, con la estatización de 1976, el Estado termina de dar un paso que desde años antes ya venía gestándose: se apropia de la totalidad de la exploración, producción y comercialización del recurso natural; crea empresas para sustituir a aquellas privadas (nacionales y extranjeras) que manejaban el sector petrolero. Es decir, crea un monopolio estatal.

En el tercer caso, el de la sustitución de importaciones, el país, llevado de la mano del gobierno en alianza con intereses privados que se beneficiarían del nuevo arreglo institucional, emprendió la no-natural tarea de querer hacer todo nacional y domésticamente, es decir, en el país. Idea que por supuesto que tiene mucho "punch" mediático, y nos llega a la fibra de nuestro corazón patrio, pero que no lleva a mejores niveles de bienestar, beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, atenta contra la competencia, la innovación, la creatividad y la calidad, encarece la vida, resta prosperidad, y lesiona la libertad al reducir las opciones que los ciudadanos tienen para elegir. Lo natural es especializarnos en aquellos rubros en los que tenemos ventajas comparativas, producirlos e intercambiarlos con el resto del mundo por aquellas cosas que necesitamos; y además esta labor debe ser descentralizada y privada, para que sea eficiente, decisiones libres y voluntarias de cada quien. Lo natural es ser interdependientes y no autárquicos.

Dados estos tres ejemplos no nos deberían sorprender los resultados: elevado gasto público, monetización del déficit fiscal (cubierto con impresión de dinero), acelerada inflación, pérdida de participación en el mercado petrolero, desvirtuación de la naturaleza de la empresa estatal petrolera, reducción de su capacidad productiva, caída en las reinversiones necesarias, clientelismo político, ineficiencia, pérdida de capacidad de maniobra y de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado, aumento de la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado petrolero, menos diversificación de nuestras industrias, desempleo, escasez, encarecimiento de la vida, pérdida de bienestar, menor variedad y calidad de bienes y servicios, y lesión de nuestra libertad de elegir, etc.

Luego que el Estado emprende la ruta de ser interventor y empresario, es difícil detenerlo. Y si nos creemos la hipótesis planteada más arriba, como sociedad iremos perdiendo las libertades económicas, aceleradamente, hasta perder incluso las libertades civiles y políticas.

Esta ruta podríamos esquematizarla de la siguiente manera:
  • El Estado ve una supuesta "falla de mercado" (generalmente son fallas inducidas por el mismo Estado)
  • En aras del bien público el Estado se ve, con su "mente maestra", llamado moralmente a intervenir y llevar a la sociedad a "mejores" niveles de bienestar.
  • El Estado aplica la receta: controles de precios, restricciones a la competencia (monopolios y concesiones), y se hace empresario.
  • Crece el tamaño del Estado y consecuentemente el gasto público.
  • Pero esto hay que financiarlo: más impuestos, más deuda, más monetización del déficit (más inflación)
  • Pero esto tiene consecuencias: escasez, inflación, desempleo, pobreza, delincuencia. servicios ineficientes. corrupción, conflictividad social, pérdida de libertad, tiranía.
Una vez que el Estado comienza, es difícil detenerlo... él, a fin de cuentas el estamento político, por sí solo tiene pocos incentivos para detenerse en ese avance, porque siempre podrá justificar su intervención: ve una "falla", interviene, contraría el sano principio de subsidiariedad, produce malos resultados... y en lugar de reconocer que el error estuvo en el primer control, decide controlar más; lo que se conoce como "la huida hacia adelante". Pretende resolver errores con más errores, y lógicamente no se resuelve el problema, más bien empeora.

Entonces se empiezan a ver programas del Estado para "resolver" los problemas de la sociedad, cada vez una lista más extensa: ¿escasez de alimentos? se crea un organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿encarecimiento de la vida? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿escasez de divisas? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿No funcionan estas pretendidas "soluciones"? se crea ahora un súper-organismo, una súper-burocracia y unas medidas de súper-intervención y súper-control para ello... es decir, se crea el control del control anterior que no funcionó... Pero el detalle está en que lógicamente no iba a funcionar.

¿Y qué medidas o políticas sí funcionarían? pues aquellas alineadas a la Dignidad Humana y a su inmanente Libertad. Toda política pública debe estar alineada a la Dignidad Humana. La política, el sistema de gobierno (por ejemplo, la democracia), y el sistema económico, están para servir a la persona y su dignidad; no al revés: la persona sirviendo a la economía o a la política.

Y esto significa aplicar el principio de Subsidiariedad: "…como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar, para entregarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación del orden social confiar a una sola sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores…" (S.S. Pío XI, Quadragesimo anno, 1931, Nº 54)

Vale la pena aclarar que hay dos dimensiones de este principio:
  • La negativa: el Estado debe retrotraerse de aquellas actividades que el particular o el grupo intermedio hacen bien o simplemente le corresponde en virtud de su naturaleza, como por ejemplo que sean los padres los que decidan cómo y dónde educar a sus hijos. El Estado no debe absorber a los grupos intermedios. Por el contrario, debe dejarlos actuar.
  • La positiva: el Estado está obligado no sólo legal sino también moralmente a actuar o intervenir en todos aquellos sectores, donde su presencia se hace necesaria, a través, por ejemplo, de las políticas públicas. Acá el Estado debe actuar subsidiariamente, que equivale a prestar "ayuda para la autoayuda" y no caer en el asistencialismo.
Cuando se invierte este principio de Subsidiariedad, y el Estado interviene en todo, y avanza coartando libertades, la sociedad civil va perdiendo poder económico, en un entorno que incentiva la búsqueda y captura de rentas (rent-seeking), pues los ciudadanos y las empresas ven que, dado que el Estado es quien maneja la economía, controla todo, regula, interviene y tiende a ser el único empleador, la ruta a la prosperidad está en alinearse a los intereses del Estado o en la captura de algún privilegio, prebenda, concesión o monopolio otorgado por el Estado. Es decir, la ruta a la prosperidad no está en el trabajo y esfuerzo diario, en servir a otro y hacerlo bien, en competir por la preferencia del ciudadano, en la innovación y asunción de riesgos, sino en ser "socio" del Estado. Un socio que mientras le sea conveniente, te respetará. 

Entonces, a largo plazo, lo que inició siendo una "inocente" intervención del Estado en aras del bien común, termina siendo la conculcación de los derechos fundamentales de la persona.

La intervención del Estado nunca resolverá de fondo los problemas. El problema de fondo se resuelve con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, disciplina fiscal, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión; que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables. Ningún régimen de control ha resuelto, ni resolverá, el problema de fondo; sólo agravará la situación de pobreza y escasez, reducirá el bienestar del ciudadano de a pie.

Como sociedad es importante reflexionar sobre estos temas: exigir libertades tanto económicas como civiles, no procurar depender del Estado, sino exigirle que nos permita asumir responsablemente nuestra libertad: las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestras decisiones. En la medida en que tomemos conciencia de estos temas, y los exijamos, los gobernantes limitarán más sus acciones y las alinearán a los intereses de la sociedad.

Entonces, ¿qué medidas o políticas sí funcionarían?: ¿escasez de alimentos? libertad de empresa y de elección... ¿encarecimiento de la vida? libertad de empresa, de elección, monetaria, libertad del mercado laboral... ¿escasez de divisas? libertad monetaria... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? libertad de empresa y de elección... La medida a aplicar, la política, es la Libertad.

lunes, 26 de diciembre de 2016

El Decálogo del Populismo, por E. Krauze

¿Es justa y social la Justicia Social?

Rafael J. Avila D.


Esta reflexión nace de una conversación con un gran amigo, como hermano, además profesor universitario de Ética de una prestigiosa institución caraqueña (que no es cualquier cosa), ambos interesados en conciliar políticas y teorías económicas con nuestra fe católica, defensora de la Libertad y Dignidad Humana.
La discusión con este entrañable amigo, me animó a escribir esta humilde reflexión.

La ignición del asunto está en una frase de la carta encíclica Centessimus Annus, en la que Su Santidad Juan Pablo II, exhorta a la sociedad a entender la importancia de que el trabajador disfrute de un salario suficiente. Creo que nadie estaría en desacuerdo con lo loable de este propósito.

Ahora, tratemos de reflexionar cómo logramos esto. Recordemos que la intención de mi amigo y yo es en todo momento tener nuestra consciencia tranquila, pues ante todo, somos cristianos católicos; de forma desinteresada, con la mejor de las intenciones, queremos conciliar teoría económica con nuestra consciencia, con nuestra fe católica. La economía, y así la política, están para servir a la persona, y no al revés.

Antes de ello, creo importante definir y comentar en torno a dos conceptos: salario suficiente y salario justo.


Salario suficiente y Salario justo

¿Habrá manera de calcular el salario suficiente de cada quién? Creo que no. ¿Podrá saber alguien cuánto es el salario suficiente de otro? Creo que no, y por una condición natural: somos de mente limitada. Humanamente no es posible tener, poseer, captar, manejar, toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para poder calcular objetivamente el salario suficiente de un tercero. Si esto es cierto, por lo tanto, sólo la misma persona puede conocer mejor esta información y decidir el salario que en un momento es suficiente para ella.

¿Será suficiente un salario que sólo cubra el alimento, vestido y servicios básicos del mes? o, ¿Por qué no mejor uno que alcance para además de ello, adquirir un vehículo por cuotas? Pero, ¿Cuál vehículo? ¿Uno pequeño porque si es grande y lujoso ya sería más que suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Y si la familia está a dieta, ingiere menos alimentos, podemos reducir lo que sería un salario suficiente? ¿Y si compra salmón? ¿O ya sería eso superior al suficiente?... Ya el cálculo se nos complicó, ¿cierto?


Por supuesto un trabajador podría tratar en una negociación de obtener más que su salario suficiente, pero ya allí entramos en un tema ético. De igual forma podría tratar un patrono en una negociación de pactar un salario menor que el suficiente del empleado. Pero de nuevo, hay un problema ético. Sin embargo, creo que hay forma de regular esta situación, o el aparecimiento de esta situación: permitiendo que se auto regule. ¿Y cómo se lograría esa auto regulación? En breve lo abordaremos...


Ahora acerca del salario justo: ¿Habrá manera de objetivamente calcularlo? ¿Justo para quién? Depende de a quién le preguntemos. Si le preguntamos al trabajador, muy probablemente dirá que mientras más elevado, más cuantioso, más justo será. En cambio, si le preguntamos al patrono, con alta probabilidad dirá que mientras más bajo, más justo será. ¿Y entonces? ¿El justo será el punto medio? Creo que no necesariamente será ese. Entonces, ¿Cómo lo definimos? ¿Quién lo define?


Vías para definir el salario

Planteo una primera vía: el gobierno define el salario suficiente y justo.
La primera reflexión es, ¿Podrá el gobierno, es decir, los funcionarios de turno, no olvidar, personas, tener toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para conocer y determinar el salario suficiente y justo de cada uno de los miles y miles de trabajadores? Mi intuitiva respuesta es que no, porque aunque pudiera tener más y mejor información que otros, nunca la tendrá absoluta, pues también son humanos, igual que nosotros, los que no somos gobierno.

Si a pesar de esta natural limitación, de la que no hay que sorprenderse ni lamentarse, el gobierno decide dar el paso y definir un salario determinado como suficiente y justo, simplemente será una imposición. Si decide colocar un monto único y específico, igual para todos los casos, pues simplemente será injusto; suficiente posiblemente para algunos casos, insuficiente para otros. Y además tendrá que revisarlo con frecuencia, pues la inflación, generada por el mismo gobierno, se "comerá" el poder de compra de ese salario afectando el bienestar del trabajador. Y aunque imaginemos que se define un salario como justo para cada profesión, seguirá siendo injusto, pues aun siendo de la misma profesión, cada persona es diferente. Si ahora nos ponemos en la posición de la empresa contratante, también será injusto, pues tal vez algunas podrán pagarlo y tal vez otras no.

Es como tratar de ir en contra de una condición natural, que es todos somos diferentes; iguales en Dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Seguir por este camino es caer en la fatal arrogancia de creer que se posee todo el conocimiento necesario para hacer ese preciso cálculo; cosa simplemente imposible, pues el conocimiento es disperso.

Esta situación se da cada vez que el gobierno establece su política laboral, o leyes laborales: salario mínimo, inamovilidad laboral, entre otras medidas; que aunque tengan las mejores intenciones, terminan imprimiendo rigidez al mercado laboral, lo que se traduce en "des-estímulo" a emplear personas, causando desempleo. Son leyes que protegen tal vez a la persona que ya está disfrutando de un empleo, pero que seguramente perjudican a quien sale a la calle a buscar trabajo. Ganan los que ya están empleados y el gobierno (políticamente), y pierden los que están desempleados y quieren trabajar.


Planteo una segunda vía que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.
Bajo la óptica de quién tiene mejor información y conocimiento (aunque no sea absolutamente completo), para saber el salario que para sí es suficiente, diríamos que sólo el trabajador sabe mejor el monto que en un momento es suficiente para cubrir su costo de vida, y además que le permita ahorrar para sus planes futuros. También podemos decir que, del lado del patrono, sólo la empresa tiene el mejor conocimiento, aunque naturalmente incompleto, para saber cuál es el salario que puede ofrecer a un potencial empleado; el salario que considera justo y conveniente, el que no le afecta.

De esa negociación, si se da el acuerdo, resultará un salario: ¿Será justo? ¿Será suficiente? No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pues también soy humano, y trato de no caer en la arrogancia. Pero creo que sí puedo decir que pareciera que sería más justo y más cercano al suficiente que si lo fija o impone el gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quienes lo pactaron son los dolientes directos y los que manejan de mejor forma el conocimiento necesario para llegar al acuerdo.


Si se generaliza esta situación, considero que con mayor probabilidad se reduciría el desempleo, alcanzando quizás el tan anhelado pleno empleo.


Ahora pensemos un poco en esa negociación patrono-empleado. Qué importante es que a la mesa de negociación ambos se sienten sin estar coaccionados; es decir, que negocien de forma libre y voluntaria. Si ese acuerdo se alcanza de manera libre y voluntaria, sin que una parte obligue (coaccione) a la otra, podríamos decir que ambas partes salen ganando, pues si así no lo sintieran, si no estuvieran satisfechas, pues simplemente no llegarían a un acuerdo. Lo recuerdo: sólo si es libre y voluntaria la negociación.

Esta condición ya hecha por tierra aquella antiquísima idea de que en todo acuerdo necesariamente hay un ganador y un perdedor.


También es cierto que es casi imposible que en esa negociación ambas partes tengan exactamente el mismo poder para negociar. Alguna tendrá más poder que la otra: en ocasiones el patrono, en ocasiones el empleado. Con frecuencia se ve al empleado como el débil en esta negociación; como la parte desvalida. Y esa razón suele justificar que personas de buen corazón y buena voluntad, se pongan de parte del empleado, apoyando cualquier medida o política de gobierno que "equilibre" esa condición de desventaja que tiene el empleado negociando con su patrono. Ni siquiera pensemos en quién protege a la empresa si la situación fuera la contraria; una en la que el empleado tenga mayor poder para negociar. Reflexionemos sobre la situación en la que el empleado es el débil en la negociación.

Podríamos decir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y asumamos que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?
Lo primero que llega a la mente es que si tanto el empleado como el patrono quisieran ser éticos y moralmente correctos, y se reconocieran el uno al otro como personas, con Dignidad, hijos de Dios, no tratarían de perjudicar a la contraparte, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambos. Esta situación es la ideal, es la mejor. Pero dada la crisis de valores que vivimos actualmente, tal vez esperar que esto ocurra así en todas las negociaciones nos defraudaríamos al ver los resultados. Esta es una solución de largo plazo, una lucha que nunca hay que dejar de dar: que en nuestra sociedad reinen los valores, la moral, la ética.


Pero, ¿Cómo podemos hacer en las circunstancias actuales de crisis de valores, para que los acuerdos lleguen a ser lo mejor posibles para ambas partes y en especial para el empleado?
Hay quienes propondrían que, dado que siempre el patrono tendría ventaja y el empleado está desvalido, y si dejamos que esta negociación se dé libremente, el empleado saldría derrotado recibiendo unos beneficios inconvenientes, se justifica, ante esta "falla de mercado", que el gobierno intervenga regulando la relación laboral con sus políticas para este sector. Pero resulta que persiguiendo ese anhelo de protección al empleado, con la mejor de las intenciones, termina ocurriendo lo que ya comentábamos más arriba y por las razones que exponíamos: peores condiciones para el trabajador, desempleo, salarios injustos. Es decir, terminamos sustituyendo una "falla de mercado" por una "falla de gobierno".


Entonces, ¿Qué nos queda? ¿Está el empleado condenado a vivir derrotado?
¿Cómo podemos hacer para que el empleado tenga mayor poder de negociación con su potencial patrono, que de alguna manera incentive, asegure, mejores resultados? Es decir, ¿Cómo podría llegar a obtener beneficios más justos?
La respuesta pareciera estar en que lo primero que nosotros debemos garantizarnos, propiciar, propugnar, como sociedad, es que esa negociación patrono-empleado sea libre y voluntaria, sin coacción, por aquello de que los acuerdos que se alcancen serán aquellos en los que ambas partes sienten que ganan, están satisfechos. Y luego, habría que apoyar esto con algo que le dé más poder al empleado en la negociación.


Conclusión

Si ya sabemos que la vía no es mayor regulación, imposición, por parte del gobierno, nos queda reflexionar sobre esta: que haya cada vez más y más empresas demandando los servicios de este trabajador; así, con un empleado que tenga más opciones de donde escoger, tendrá la oportunidad de seleccionar aquella que mejores beneficios y condiciones laborales ofrezca, según su criterio. De esta forma, generalizándola, y con el paso del tiempo, tendremos más y más trabajadores satisfechos, recibiendo salarios "suficientes" y "justos". Y los empleadores sabrán que si desmejoran o maltratan al empleado, este simplemente se les va a otra de las tantas opciones que tendrá. Así que debe ser una relación armoniosa, de ganar-ganar.

Por lo tanto, como sociedad debemos velar porque nuestros gobiernos, y exigirles, apliquen políticas que incentiven la creación de empresas, y por lo tanto empleos, y la competencia entre estas. Así, los trabajadores resultarán beneficiados, y los que salen a buscar empleo, conseguirán más rápido.

Entonces, visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Es justa y social la Justicia Social? Entendiendo esta como la serie de condiciones que impone el gobierno a la sociedad, y que pretenden dar "protección" al trabajador, creo que lamentablemente la respuesta es que no es justa. Es una imposición en la que a unos les hacen creer que ganan, cuando realmente son perdedores: los trabajadores, sus familias y la sociedad en general en el largo plazo.

Por lo tanto, ¿Cuál parece ser el arreglo que propicie una mayor "justicia social"? ¿Cuál es la mejor protección que podemos tener los trabajadores? ¿Cómo podríamos abonar para dar cumplimiento a esa sana petición que nos hace nuestro queridísimo San Juan Pablo Magno? Creo que la respuesta está en no más fallas de gobiernos, sino en propiciar un entorno en el que haya cada vez más y más acuerdos libres y voluntarios, y más y mejores opciones para que los trabajadores tengamos de donde elegir.


miércoles, 13 de julio de 2016

¡Pues que nos aumenten el salario!

Artículo publicado en El Clarín de La Victoria:
http://elclarinweb.com/opinion/rafael-avila-pues-que-nos-aumenten-el-salario


Rafael J. Avila D.



Es muy común escuchar que el salario no nos alcanza para vivir… y es cierto: no nos alcanza para cubrir nuestras básicas necesidades y menos para ahorrar persiguiendo alguna meta familiar o de negocio.

Entonces, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué garantiza que la remuneración que percibimos por nuestro diario esfuerzo, nos alcance para cubrir nuestras metas personales y familiares?

Podría pensarse que una forma, muy sencilla además, de resolver el problema que nuestro salario sea insuficiente es que el gobierno decrete un aumento salarial en el mismo porcentaje en que el costo de la vida suba. Es decir, por ejemplo: si la inflación de un período determinado fuese 100%, entonces el gobierno con simplemente decretar un aumento salarial del 100%, para el mismo período, haría que mantuviéramos nuestra capacidad de compra. Ilustrémoslo con unos sencillos cálculos:

Supongamos que sólo compramos un único producto, cuyo precio sea 10 bolívares cada unidad, y que nuestro salario inicialmente equivale a Bs. 1.000 mensualmente. Con estos datos nuestra capacidad de compra mensual se traduce en 100 unidades de este producto. Dicho de otra manera, mi salario sólo me permite adquirir 100 unidades al mes de dicho producto.

Ahora imaginemos que el precio del producto pasa de Bs. 10 a Bs. 20 en un período determinado, es decir, se da una inflación de precios del 100%; se duplicó el precio. Esto hace que nuestra capacidad de compra se reduzca a la mitad: ahora sólo puedo adquirir 50 unidades del producto al mes. Por lo tanto, para mantener mi capacidad de compra sólo haría falta que el gobierno decretara un aumento del 100% de nuestro salario, pasando este de Bs. 1.000 a Bs. 2.000 mensual, duplicándolo, haciendo que nuestra capacidad de compra retorne a su posición inicial de permitirme adquirir 100 unidades del producto.

A simple vista se ha resuelto el problema, sencillamente. Pero es eso: a simple vista y a cortísimo plazo.

Hagamos algunas consideraciones a ver si realmente se ha resuelto el problema, ya que es muy común escuchar esta propuesta entre nuestros amigos, familiares y conocidos.

Lo primero es que realmente el índice de inflación, o de variación de precios, que emite la autoridad monetaria de cualquier país (por ejemplo un banco central) es una inflación que es de todos y de nadie a la vez; es decir, se trata de la variación de un precio promedio ponderado de una cesta de productos a los que se le sigue el comportamiento, pero, como es de imaginarse, esa cesta de productos lo más probable es que no coincida con la cesta de productos de cada uno de nosotros, con nuestra individual o familiar cesta de consumo. Esto pasa con los promedios, que son de todos y de nadie a la vez.

Por lo tanto, si el gobierno aumenta el salario según ese índice de inflación, algunos estarán satisfechos y otros no; a algunos su capacidad de compra más que se les repondrá, y a otros no les alcanzará el nuevo salario.

Pero obviemos esta realidad, sobre todo porque argumentaríamos que eso, el promedio, es mejor que nada.

Pero lo fundamental es que esa muy sencilla propuesta no soluciona el problema realmente; sólo en un cortísimo plazo, si acaso. Y la razón es porque el salario ahora más alto, a su vez representa mayores costos para las empresas, es decir, se ha encarecido el trabajo, por lo que las empresas tenderán lógicamente a trasladar esos mayores costos a los precios de los productos que venden, causando un alza en los precios, es decir, se materializa la inflación, se encarece la vida.

Otro efecto pernicioso de esto es que al encarecerse el trabajo y las empresas no poder aumentar sus precios para mantener rentabilidad, estas pierden estímulo a contratar más personas y al contrario, tal vez tendrían que cargar con más trabajo a los empleados, en busca de eficiencia, o peor, reducir personal materializándose el desempleo.

El aumento del salario por decreto, muy probablemente termina causando desempleo y desestimulando la contratación; o en el mejor de los casos, no hay despidos pero se alienta la exigencia a los ya empleados.

Pero uno pudiera decir que para evitar los despidos el gobierno reacciona decretando la inamovilidad laboral, o sencillamente que no se pueda despedir a nadie. Esta decisión encarece aún más al trabajo, desestimulando la contratación.

Como se ve, en el proceso a corto plazo hay ganadores y perdedores: ganan los que ya están empleados, porque son beneficiados y protegidos, pero pierden los que están buscando trabajo, los ya desempleados. Ganan los ya empleados porque el gobierno obliga legalmente a que las empresas les paguen más, pero pierden los que salen cada día a buscar trabajo, pierden las empresas, y los que pretenden emprender y generar empleo, son desincentivados. A largo plazo, perdemos todos.

Suelen verse los beneficios de los que resultan favorecidos, pero son más difíciles de ver las consecuencias a mediano y largo plazo.

Entonces, ¿no hay salida? ¿Viviremos eternamente en ese círculo vicioso inflación-caída del poder adquisitivo-demanda de mejores condiciones salariales-aumento de salario-inflación? La respuesta rápida es que no se puede vivir eternamente así: más rápido que tarde, en este juego repetido, se llega a una situación de cierre de empresas, elevado desempleo y muy alta inflación (esto se llama estanflación).

La realidad es que hay una noticia buena y una mala. La buena, es que sí hay salida; sí hay solución. La mala, es que no es mágica la solución, ni es de un día para otro; no es instantánea.

Lo primero es que se requiere entender que los gobiernos no deben aplicar políticas inflacionarias, porque no nos ayudan generándonos inflación por un lado y medio compensándonos por otro lado con insuficientes decretos de aumento salarial, que a la larga no resuelven el problema y son perniciosos como ya vimos. Una gran ayuda ya sería que no generaran inflación, que no nos tumbaran nuestro poder adquisitivo drásticamente afectando nuestra calidad de vida.

Pero esto requiere unas finanzas públicas sanas y equilibradas, no deficitarias. Requiere que el gobierno controle sus gastos, que no quiera gastar más de lo que le ingresa vía impuestos. Y que si quiere gastar más, no cubra el déficit fiscal con impresión de dinero o inflación (monetización del déficit). Si lo cubre con deudas, luego hay que pagarlas, por lo tanto tarde o temprano se ve en la encrucijada de controlar su gasto, aumentar impuestos o inflar la moneda. El camino sano sería controlar su gasto (y para ello es fundamental que se dedique a lo que debe ser, que economicistamente sería la provisión de bienes públicos, lo que reduciría su tamaño y su gasto) y aumentar sus ingresos por impuestos, pero no subiendo las tasas impositivas, pues eso lesiona la actividad económica y desestimula la creación de empresas y puestos de empleos, sino generando un entorno económico favorable al emprendimiento; es decir, no es aumentando la tasa impositiva sino la base: que los ciudadanos y empresas se hagan prósperos y con ello, a una misma tasa de impuesto, el gobierno reciba mayores ingresos.

Y allí tenemos otro dilema entre el corto y largo plazo: lo sencillo es financiar el gasto público con emisión monetaria, y lo pagamos todos con el impuesto inflación; lo sano es propiciar el crecimiento económico y por ende el bienestar del ciudadano de a pie; pero implica tiempo y muchos consensos.
Una vez recibida la gran ayuda que representa que los gobiernos no inflen la moneda, la tarea se completa propiciando que mucha gente quiera emprender, montar empresas. Es decir, que haya muchas empresas buscando trabajadores.

Un rasgo de las crisis es que hay pocos puestos de trabajo para muchas personas queriendo trabajar; situación que pone en desventaja al trabajador frente a la empresa, por lo que para que todos estemos empleados deberíamos estar dispuestos a aceptar un menor salario, y a soportar escasos beneficios laborales y hasta tratos no acordes con nuestra dignidad humana. Si ese salario al que todos estaríamos empleados es menor que el salario mínimo que legalmente se debe pagar, se genera una situación en la que muchos trabajadores ofrecen su trabajo y pocas empresas están dispuestas a contratar; es decir, más personas buscando trabajo que empleos disponibles. Esto se llama desempleo.
La verdadera solución y verdadera protección del trabajador en el tiempo, no es vivir en crisis y obligar a las empresas a darles beneficios que nunca serán suficientes para paliar los embates de la inflación; la verdadera protección es que haya un entorno económico que propicie el crecimiento, la creación de muchos más puestos de trabajo, muchas empresas demandando personas para que trabajen en ellas, y en esa situación más ventajosa, los trabajadores exigiremos mejores beneficios y contrataremos con aquella empresa que mejor oferta nos haga.

Por lo menos estos rasgos debe tener un entorno económico que propicie el crecimiento: Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, y muy baja inflación. Esto es fundamental para que se incentive la instauración de empresas y creación de muchos puestos de trabajo, que es lo que al final todos los trabajadores necesitamos: no me generes inflación, que yo negocio mis beneficios.

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domingo, 15 de mayo de 2016

Entrevista en el Diario El Universal (domigo, 15-mayo-2016)


Para acceder a la entrevista, haga click aquí.


Ayudan a familias a sobrellevar enfermedades discapacitantes

El Instituto Tobías forma a cuidadores de pacientes con alzheimer y autismo

DELIA MENESES




Cuando en el núcleo familiar hay una persona con alguna enfermedad crónica discapacitante que la hace dependiente, la mayoría de las veces sus parientes carecen de las herramientas necesarias para llevar adelante el cuidado sin que se convierta en una carga dramática.

Conscientes de esta realidad, Gisela López y Enza Mastropietro crearon la asociación civil sin fines de lucro Instituto Tobías que, aunque viene trabajando desde hace tres años, acaba de cumplir un año de haberse constituido jurídicamente.

En las reuniones que realizan con familias que tienen pacientes con alzheimer o niños con autismo se pone en evidencia la necesidad de información y el alivio y la gratitud que sienten cuando reciben una primera orientación.

"Es necesario organizarse, hacer cambios en la comunicación y en la rutina diaria y esa información generalmente no la ofrece el médico tratante", dice Mastropietro, psicóloga clínica y directora del Instituto Tobías.

En el caso de personas con alzheimer, ya sea que estén recluidas en una entidad de atención o que los cuiden en casa, lo que acelera la evolución de la enfermedad es la pasividad y la ausencia de estimulación.Es por esto que el instituto ha venido realizando ciclos de talleres para explicar la importancia de la estimulación cognitiva pues el paciente con alzheimer necesita tener momentos nutritivos y acompañamiento inteligente, explica López, profesora universitaria y doctora en Filosofía, quien decidió fundar esta asociación luego de su experiencia al tratar a su madre diagnosticada con alzheimer.

Entre sus diferentes servicios, el Instituto Tobías ha llegado a más de 250 personas y este año espera duplicar el número de atendidos pues han ampliado la oferta.

La asociación viene formando a monitores geriátricos de familia, una figura que no existía en el país y que se encarga de guiar el proceso de una familia que tenga algún integrante con alzheimer. En la medida de las posibilidades, pues se está conformando el equipo, van a las casas, ofrecen asesoría y sesiones, de 30 minutos a 1 hora, con el paciente para mantener algunas de sus funciones cognitivas.

Además se dictan cursos, dirigidos a psicólogos, para profundizar en el tema de las evaluaciones neuropsicológicas a fin de realizar diagnósticos más precisos.

López resalta la importancia de que la familia trabaje como un equipo, "aunque siempre hay alguien que le toca más directamente la responsabilidad de cuidar a la persona, todos tienen que darle soporte al ser querido que está enfermo, dar lo mejor de nosotros mismos y poner ese aporte no desde el reproche sino desde la generosidad. Reajustar la dinámica en favor de esa persona, pues cuando hay situaciones de este tipo el conflicto familiar está en todas las esquinas".

Mastropietro informó que se abrió un nuevo ciclo de talleres que se llevará a cabo en la sede del instituto en La Floresta. El próximo sábado 21 de mayo será el acercamiento al deterioro neurocognitivo, demencia, alzheimer. El 28 de mayo, el 4 y 11 de junio se orientará a las personas en la tarea de cuidar al familiar dependiente desde un enfoque que respete su dignidad de ser humano.

Los sábados 2 y 9 de julio se abordará el tema de la estimulación cognitiva. Las inscripciones están abiertas para participar en estos talleres que se dictarán los sábados en horario matutino, a familiares y cuidadores de personas con alzheimer. Los interesados pueden escribir a institutotobias@gmail.com o llamar al 0212 832 6127. Twitter: @tobiasinstituto.

Rafael Ávila, director financiero del Instituto Tobías, explicó que la asociación trabaja para que el modelo sea sustentable en el tiempo, a través de la autogestión, de donaciones y la realización de alianzas con otras instituciones.

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